los cobros de medicamentos ilegales e inoperancia de la contraloria

Entre enero del 2005 y septiembre del 2010, el sistema de salud, por intermedio del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), les pagó a las EPS casi un billón de pesos por más de 100 tipos de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que deberían haber sido cubiertos por ellas.

La ley establece que cuando un paciente necesita una droga o un procedimiento cubierto por el POS es su EPS la que debe correr con el gasto. La Superintendencia de Salud ha comprobado que son muchos los casos en que las EPS niegan esos medicamentos y después los entregan haciéndolos pasar por no POS, para luego pedirle al Fosyga que les reembolse el dinero.

Fármacos básicos pertenecientes al POS, como el oxígeno, el acetaminofén, el diacepam, la loratadina y el omeprazol, negados por las EPS a los pacientes, después fueron recobrados al sistema sin que los pacientes recibieran algun medicamento. El robo por este medio es de 889.180 millones de pesos por 118 tipos de medicamentos.

Las EPS recobraron entre otros:

• 4,5 millones de dosis de insulina, básica en el tratamiento de la diabetes, casi 51.000 millones de pesos.
  
• 2,8 millones de dosis de omeprazol, formulado para úlceras y gastritis, 24 mil millones.
• 117 millones de pesos que se pagaron en fenitoina (epamín),
  
• 921 millones en fenobarbital,
  
• 150 millones en furosemida
  
• 1.500 millones en hidrocortisona...

 todos incluidos en el POS, recobrados ilegalmente y pagados de la misma forma por el Fosyga. Ademas 5.492 casos donde el valor unitario de cada fármaco recobrado era superior al real hasta casos de un 400%, entre otros:

• micofenolato (un inmunosupresor usado en pacientes con trasplantes), se pagaron casi 38.000 millones de pesos por encima de los valores promedio del mercado.
• lamotrigina (antiepiléptico), que tuvo 12.500 millones de exceso
• el clopidogrel (para prevenir trombosis), con 13.700 millones de más
• la pregabalina (para tratar dolores), que fue pagada por 3.000 millones de pesos más.
• clopidogrel cuyo valor real es de 708 pesos lo cobraron por segunda ocasion a 3.198.

Ademas 55.403 casos de recobros duplicados (con idéntico código, nombre y presentación), para un mismo afiliado y con la misma fecha de prestación del servicio. El organismo de vigilancia calcula que con esta irregularidad se defraudó al sistema en 664.463 millones de pesos.

Crearon fantasmas que toman medicamentos, se radicaron recobros de medicamentos, vía tutela, sin que sus tipos y números de documentos de identificación existiran como usuarios de las EPS.

Casos de 124 recobros autorizados por tratamientos de medicina alternativa que fueron realizados por una clínica a una sola paciente, entre el 2007 y septiembre del 2010. Esos tratamientos -que incluían colonterapias y terapia de campos magnéticos pulsantes, entre otras cosas- fueron ordenados mediante fallos de tutela y por ellos, una sola EPS recobró luego 4.513 millones de pesos.

Según la contralora general delegada para el sector social, Margarita Jiménez, en el tema de la salud se realizan, en promedio, 50 auditorías por año y con ellas no sancionaron, ni denunciaron a ninguna EPS. Tambien ha hecho constantes "visitas de control" al Ministerio de la Protección Social, sin denuncias, ni sanciones. Lo unico que hizo la Contraloria fue, en el concepto final sobre la gestión de la entidad, le disminuyó la puntuación de 76,6 puntos en el 2007, a 63,8 en el 2008, por deterioro en el sistema de control interno.

la corrupcion de Saludcoop, ACEMI, Supersociedades, La Equidad

Varios mails fueron enviados o recibidos por Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente del grupo. Entre ellas figura un chat en el que Palacino le pregunta a Darío Mejía, su mano derecha en Saludcoop, por unos documentos que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido filtrados de investigaciones que la Contraloría realizaba contra el grupo. Mejía le responde que los destruyó, como él se lo había ordenado. 

En los archivos de Saludcoop también se halló un acta de Acemi, el gremio de las EPS, en la que una ex magistrada planteó bombardear con demandas al Fosyga para forzar un cambio en las reglas de juego en materia de recobros. Al respecto, el documento de la vicepresidencia jurídica dice que "están pendientes por radicar (las) acciones de desequilibrio". Se indaga si se hacía referencia a la táctica planteada en la reunión de Acemi.

También hay copia de millonarios contratos con reconocidos personajes, entre ellos políticos y ex funcionarios, para asesorar al grupo en manejo de imagen.

Saludcoop estuvo a punto de recibir una de las sanciones más altas en la historia del país: la Supersalud le ordenó el año pasado devolver 654 mil millones de pesos, supuestamente mal destinados, pero finalmente hubo una conciliación que echó extrañamente para atrás la medida.

La Superintendencia de Sociedades revisa una lista de empresas del sector salud que estarían bajo el control de Saludcoop y que no han sido reportadas, así como el rastro de sus millonarios negocios en Panamá, Chile, Ecuador, República Dominicana y México. Pero aun no la sanciona por ninguno de estos motivos.

El ex contralor Julio César Turbay tuvo que declararse impedido para conocer de las investigaciones contra Saludcoop.¿La razón? La EPS realizó varios negocios con Equilibrium Consulting Group S. A., firma de la que son propietarios Miguel Alejandro y Julio César Turbay Noguera, hijos del ex contralor.Entre el 2008 y el 2009, según los registros de la entidad, Equilibrium hizo consultorías ambientales para Saludcoop que costaron unos 150 millones de pesos.

En los archivos de Saludcoop se halló un acta del 21 de diciembre del 2005, correspondiente a una reunión en la que abogados y asesores de las EPS del país reunidos en Acemi discutieron una estrategia para ser más "efectivos" en los recobros al Fosyga.A ese encuentro asistió como invitada la ex consejera de Estado Susana Montes de Echeverry. Su recomendación fue ejercer "presión política" y "agobiar a la administración de justicia a través de demandas para que se evidencie la gravedad del problema y se obtenga un cambio significativo en la reglamentación del pago de los recobros".

Los representantes de las EPS acordaron plantear dentro de las compañías la propuesta de presentar de manera masiva demandas contra el Fosyga, con el propósito de generar mayor presión y profundizar la supuesta crisis del sector salud para obtener partidas adicionales que solucionaran la eminente quiebra de las EPS.

Las autoridades revisan con lupa el contrato de 300 millones de pesos de patrocinio al Club Deportivo La Equidad, firmado con Saludcoop en el 2005. El acuerdo estipula que no se considerará un incumplimiento que Saludcoop deje de aportar cuando esto lo ocasione "el no recibo de pago de compensaciones del Fosyga". Se supone que esa plata solo debe usarse para la salud de sus usuarios.

Así se planeó y ejecutó el robo a la salud

En el costado oriental del exclusivo parque de la 93, en el norte de Bogotá, están las oficinas de QAV Consultores, una empresa de asesorías que -según la Fiscalía General de la Nación- esconde las claves del gran saqueo de las arcas de la salud, revelado a principios de esta semana por el presidente Juan Manuel Santos.

La pequeña firma, creada en abril del 2008 con un capital de apenas 40 millones de pesos, era la estrella del pujante sector de las EPS.

Su éxito radicaba en lograr, en tiempo récord, que el Ministerio de la Protección Social aprobara millonarios pagos por servicios de salud y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y rechazados en primera instancia por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), el ente responsable de este tipo de desembolsos.

Gracias a su gestión, por ejemplo, en menos de ocho meses la EPS Coomeva recibió 6.603 millones que el Fosyga le había negado por no cumplir requisitos de ley. Y lo mismo ocurrió con otras EPS en todo el país.

Lo que no se sabía es que el éxito de QAV estaba fundamentado en un oscuro acuerdo que su gerente, Édgar Medina Millán -ex vicepresidente financiero de Medicina Prepagada Colsánitas-, selló con funcionarios del Minprotección para que le aprobaran los pagos sin mayores preguntas a cambio de jugosos sobornos.

Su principal ficha en el Ministerio era Claudia Patricia Rojas Puerta,coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimientos de Recobros, con quien tenía una relación tan estrecha que investigadores se atreven a afirmar que QAV se creó de común acuerdo con ella y con otros funcionarios implicados en el desfalco. (Me equivoqué confiando en Claudia Rojas, reconoce el ex ministro de Protección, Diego Palacio)

Hay más cómplices

Claudia Rojas tenía el poder de justificar qué se pagaba y qué no y, a la vez, le indicaba a Medina cómo repartir las comisiones, que oscilaban entre el 6 y el 10 por ciento de cada giro. En una ocasión, le pidió que le consignara el botín en la cuenta bancaria de una sobrina, menor de edad, y parte del dinero lo usó en cirugías estéticas y en un bypass gástrico.

"Si logramos este giro vamos a celebrar: por fin vamos a salir de pobres. Jajajaja", se lee en uno de los 2.000 correos electrónicos que analistas de la Dijín recuperaron tras un allanamiento a las oficinas del Ministerio hace apenas 25 días. Esos mensajes y varias interceptaciones telefónicas sirvieron de evidencia para ordenar las capturas de Rojas, de Medina, de Luis Andrés Ruiz (ex director de sistemas del Minprotección), de Héctor Durán (subgerente de cartera de Colsánitas) y de Jhon Lemus (ingeniero de sistemas).

Luisa Fernanda Bellini, ex directora general de Financiamiento,  ordenó desembolsos por 300 mil millones de pesos aprobados por Claudia Rojas. Según la Fiscalía, ya está probado que, de ese monto, 24 mil millones se giraron tras el pago de sobornos, la mayoría a través de la firma QAV.

"La Fiscalía quiere saber si Bellini fue cómplice del equipo criminal que funcionaba en esa cartera o si fue engañada por sus subalternos", dice un investigador. Lo concreto es que la ex funcionaria participó en comités que aprobaron pagos y que -en criterio de la Fiscalía- no tenían el sustento legal para hacerlo. De hecho, los investigadores dicen que la oficina de Rojas -creada temporalmente por el entonces ministro Diego Palacio para destrabar 21.000 cuentas pendientes con EPS- terminó suplantando al Fosyga. 

María de los Ángeles Pascual, asesora jurídica externa de Bellini, emitió conceptos sobre el pago de cuentas, al respecto, la Procuraduría ya encontró 75 tutelas falsas, presentadas por Saludcoop por 500 millones de pesos.

Claudia Rojas envió este correo sobre la distribución de los sobornos: "Rojas, $ 118 millones; Luis Andrés Ruiz, 45 millones; Héctor Durán, 21 millones; Édgar Isaías Medina, 15 millones, y John Carlos Lamus, 24 millones".

"Te manifiesto que no estoy de acuerdo con las nuevas condiciones porque esos recobros son del año pasado. Igual te lo voy a pagar. Dime cómo te hago llegar el sobre", le escribió Édgar Medina a Claudia Rojas.

EPS cobraron tratamientos vía tutela que nunca prestaron y reclamaron pago de medicamentos para personas que ya murieron. También cobraron dos veces el mismo servicio y alteraron fechas, sellos y firmas para justificar los reclamos, cobraron medicamentos por hasta cinco veces su precio.

medico colombiano abusa de sus propios hijos de 6 y 3 años

Un Juzgado aseguró el 5 de mayo del 2011 a Mauricio Zambrano por acceso

carnal abusivo agravado con menor de 14 años

Los frecuentes comportamientos agresivos del mayor de sus hijos, de 6

años, llevaron a la madre a buscar la ayuda de una Comisaría de Familia

de Villavicencio.

Las entrevistas que allí le hicieron al menor revelaron que el niño era

víctima de presunto abuso sexual por su propio padre.

La investigación asumida por un fiscal seccional del Centro de Atención

Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) terminó por corroborar la

información y señalar al médico Mauricio Zambrano Arenas, el papá del

niño, como el presunto responsable.

Es más, las pesquisas determinarían que Zambrano no solo abusaba del

mayor de sus hijos sino que también lo hacía con el más pequeño, de 3 años.

"Mi papá me hacía cosas feas", fueron unas de las frases del menor

plasmadas en el proceso. En sus palabras el niño dijo que en las noches

su padre se pasaba a la habitación en la que dormía con su hermanito y

que luego de tocarlos los accedía carnalmente.

Medicina Legal determinó que el acceso no había sido una, sino varias veces.

La madre de los niños, al conocer el drama de sus pequeños, demandó y la

Policía lo capturó.

el caso del robo a traves de uno de los medicamentos

Según Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, se pudo establecer que “en un solo medicamento, el Riruximab, utilizado en tratamientos contra el cáncer”, las EPS privadas se lo recobraron al Ministerio de la Protección Social con sobrecostos de más de 70.000 millones de pesos. Y en drogas para diabetes, en un solo año, se comprobaron sobrevaloraciones por 15.000 millones de pesos.

La Federación Médica ha documentado y denunciado oportunamente estos hallazgos, pero ni la Supersalud ni ningún otro organismo del gobierno ha tomado medidas para detener este desangre del sistema. Esta denuncia se suma a lo encontrado por la Universidad Nacional de Colombia sobre los sobreprecios en medicamentos por 825 mil millones de pesos de Saludcoop, Cafésalud y Cruz Blanca y la decisión de la Supersalud de no recuperar otros 600 mil millones de pesos del sistema de salud convertidos en patrimonio privado de Saludcoop.

superintendente de salud hermano de presidente de agremiacion de laboratorios

Conrado Gómez actual superintendente de salud dio reversa a una decisión en firme del anterior Superintendente de Salud, que le permite a SaludCoop quedarse con $630 mil millones de dineros de la salud de los colombianos, plata de la que la EPS se apropió de manera ilegal. Ante la gravedad de lo que se intenta, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, le hizo un control de advertencia al Supersalud Gómez, llamándolo a no insistir en esa decisión inconveniente y contraria a la legalidad.

El Superintendente Conrado Gómez es hermano de Francisco de Paula Gómez, director de Afidro, la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos, trasnacionales que deben ser vigiladas por la Superintendencia de Salud, situación que genera una evidente incompatibilidad.

Ademas Conrado Gómez es accionista minoritario, de Multiproyectos S.A., empresa cuyo fin es hacer negocios con empresas del sistema de seguridad social en salud de Colombia y de otros países. Como si fuera poco, Multiproyectos S.A. es socia de la EPS Multimédicas S.A., empresa que también debe ser vigilada por la Superintendencia de Salud.

Juan Manuel Santos, debe esplicar el por que de este turbio nombramiento del superintendente.

como robaban las eps mientras negaban servicios matando colombianos

Dicho cartel tiene como fin “negar la prestación de los servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga (No POS), vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”. Los cargos se prueban en detalle porque los investigadores tuvieron acceso a los discos duros de los computadores de los acusados.
Más torcida no puede ser la maniobra:
1. Negarle al enfermo el servicio de salud al que tiene derecho en el POS, derecho cuyos costos, con la UPC, el gobierno se los paga a las EPS por anticipado.
2. Obligado por el rechazo, el afiliado debe poner una tutela para que un juez le ordene a la EPS entregar las medicinas o realizar el procedimiento.
3. La EPS le recobra al Fosyga el precio de lo ordenado por el juez –el llamado No POS–, de manera que el sistema de salud paga dos veces el mismo tratamiento.
El “acuerdo anticompetitivo para la negación de los servicios” del POS –dice la Super– también sirve “para ocultar y falsear la información” que las EPS le entregan al gobierno, con el propósito de presionar el incremento de valor de la UPC y aumentar sus utilidades, porque estas crecen cada vez que sube el monto de la UPC. Para agravar las cosas, la investigación confirmó algo sabido: que la “fuente primaria de la información” son las propias EPS y que “los diferentes mecanismos de verificación usados” por el Minprotección son “insuficientes para confirmar la veracidad de la información reportada”. Les creen por fe; como a las trasnacionales mineras. Mientras peor sea el servicio, mayores negaciones de servicio, que presten más ganan las EPS y las autoridades no las controlan ni con la menor seriedad.  Entre tanto, el ministro Santa María, sugiere que el control lo ejerce la mano invisible del mercado.
El Supersalud, por otro lado, informó que de una muestra de 182 medicinas y procedimientos ordenados por tutela, el 54.9 por ciento pertenecía al POS y detectó situaciones como la de una EPS que en una semana, en tres comités técnicos científicos, decidió 733 casos, lo que hace “físicamente imposible realizar un procedimiento técnicamente bien hecho” (El Tiempo, Abr.26.11). No sorprende que la Superindustria resaltara lo astronómico del incremento de los pagos del Fosyga a las EPS por No POS. En 2006, las catorce EPS de Acemi le recobraron al Fosyga 336 mil millones de pesos, monto que en 2009 subió a 1.79 billones de pesos –un incremento de 434 por ciento–, con lo que la participación de este rubro en sus ingresos operacionales pasó del 5.6 al 18 por ciento.
Hay otras grandes ganancias de las EPS que también provienen de su organización como cartel:El cartel ACEMI les imponen a las IPS, a las públicas y a las privadas, que les presten servicios con contratos leoninos, pagos de facturas con el plazo que se les da la gana y sin intereses de mora y “negociar” las cuentas bajo la pena de no pagarlas. A las IPS que no arruinan las obligan a sumarse por acuerdo expreso o tácito a la integración vertical de las EPS, integración que facilita los negocios turbios entre la empresa matriz y las asociadas, todo en detrimento de otros prestadores de servicios de salud, de médicos y enfermeras y de la calidad del servicio a los colombianos.

Médicos y usuarios piden fin de las EPS

Al celebrar el anuncio presidencial a través del cual fue develado el llamado carrusel de contratación en la salud, tanto los médicos como los usuarios pidieron ajustes al funcionamiento del sistema

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza Villa, aseguró que todas las intermediaciones que hay en el sistema elevan los costos en la operación del servicio y fue enfático en pedir que sean eliminadas las EPS.

“Abogamos es porque haya una cuenta central nacional y un manejo con un banco central de salud. Modelos hay muchos, pero aquél de intermediación con entidades privadas con ánimo de lucro debe desaparecer y este escándalo destapado hoy nos da la razón”, dijo Isaza Villa.

Pidió que los recursos que fueron robados a la salud sean recuperados, y pidió que la investigación vaya más al fondo de la situación, ya que no son solo unas pocas personas del Fosyga, hay una maraña, una red en varios ámbitos.

A su turno, el presidente de la Asociación de Usuarios de Alto Costo de la Nueva EPS, Néstor Álvarez Lara, sostuvo que los organismos de investigación y control deben establecer el impacto del entramado de corrupción en término de vidas humanas.

También pidió que el Gobierno desmonte la recientemente aprobada reforma a la salud a través de la ley 1438 de 2011, toda vez que no es la solución para los problemas del sector.

“Con este escándalo se está demostrando que la ley 1438 no sirve para el sistema de salud en Colombia, porque hay artículos porque están invitando más a la corrupción, a la integración vertical, a que se siga utilizando mal los dineros de la salud en Colombia, como lo han denunciado los hospitales públicos. Por eso es importante que el Gobierno haga un cambio a la salud y que la Corte Constitucional tumbe esa ley”, dijo Álvarez Lara.

Dejan en libertad a uno de los detenidos por corrupción en la salud

Uno de los seis funcionarios detenidos por las autoridades y quienes

están sindicados de conformar una red que desfalcó al Estado en más de

30 mil millones de pesos en el sector de la salud, fue dejado en

libertad porque no tenía orden de captura, aun cuando, fue sorprendido

quemando unos documentos que lo comprometen en el millonario robo, por

lo que se espera que la Fiscalía por lo menos despues que se de a la

fuga lo llame a interrogatorio. Se trata del contratista Santiago

Carrascal.

Los otros cinco funcionarios del Ministerio de la Protección Social
continúan detenidos a la espera de que el Juez 48 de Control de
Garantías le legalice su captura o los suelte. Los cargos son
enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, peculado por
apropiación y prevaricato por acción.

EPS incrementan en un billón de pesos costos en medicamentos

En carta enviada a la Contraloría General de la República, la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, advierte sobre un desmedido incremento por más de un billón de pesos en el precio de los medicamentos que facturaron las Empresas Promotoras de Salud (EPS) durante 2009.

Para la funcionaría, resultó sorprendente el hecho que durante este período se presentara un incremento del 166 por ciento en dicha facturación, la cual ascendió de 621.090 millones de pesos en 2008 a un billón 651.000 millones en 2009. Costo que asume el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Señala el informe que los valores totales en cuanto a costos de insumos, actividades, intervenciones y procedimientos presentaron incrementos dentro los márgenes esperados entre un año y otro. Sin embargo, advierte que no pasó lo mismo con el rublo de medicamentos, los cuales se incrementaron en un 166 por ciento. Hecho que motivó la remisión del estudio a la Contraloría.

Según la viceministra Londoño, los estudios técnicos realizados para determinar la financiación del Plan Obligatorio de Salud en 2011 “evidencian inconsistencias en la información que reportan las EPS sobre frecuencias de uso y gasto médico, especialmente lo en lo referente a medicamentos, afectando la confiabilidad de las cifras. Y, por lo tanto, no permiten tomar una decisión definitiva con base en ellos”, indicó.

Estas irregularidades por parte de las EPS también las confirmó el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Izasa, quien reveló que desde hace varios años han venido denunciando estos hechos pero que ni el Fosyga (entidad que administra los recursos para el subsidio y promoción de la salud), ni el Ministerio de la Protección Social ni la Superintendencia de Salud han querido tomado cartas en el asunto.

"Los sobreprecios de los medicamentos se han convertido en una vena rota del Sistema General de Salud. Los recobros son exagerados, hay inconsistencias, doble facturación, nadie vigila, nadie revisa, nadie controla los precios", sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Juan Manuel Diazgranados, trato de justificar los robos e inconsistencia de sus afiliados las eps:
"Lo que sucede es que ahora hay una mayor desagregación de partidas que antes eran globales y por eso se pudo haber registrado un aparente aumento en los costos de los medicamentos. Sin embargo, las EPS cuentan con todos los soportes del caso”, precisó.