gobierno colombiano alimenta niños con alimentos contaminados de heces de ratas

frutas podridas, alimentos con presencia de bacterias y materia fecal, utensilios contaminados, porciones de comida miserables y explotación laboral.

Esto fue lo que reveló esta semana la Defensoría del Pueblo tras auditar el Programa estatal de Alimentación Escolar (PAE), en manos del Ministerio de Educación, en colegios de La Guajira, Atlántico y Chocó.

Las conductas, bajo investigación penal, recaen sobre cuatro empresas que, según estableció EL TIEMPO, se vienen ganando desde hace años jugosos contratos con entidades del orden local y nacional. Se trata de Fungescol, Fundaenlace, Cooseheroica y Corporación Corazón País.

A la primera de ellas, Fungescol, la acusan de darles comida podrida a niños de Unguía (Chocó) dentro de un contrato por 4.800 millones de pesos que firmó en abril con la gobernación. 

El representante de Fungescol es Wilman Henry Bonilla Acosta, candidato al Concejo de Turbo en el 2004 por el Partido Liberal y amigo de varios políticos locales que aparecen referidos en sus redes sociales. Pero el dueño es Hernán Calle Corrales, propietario de un hotel spa en Arboletes (Antioquia).

La Defensoría confirmó que el otro contrato bajo la lupa –por 12.871 millones de pesos– fue firmado en febrero entre el Ministerio de Educación y la Unión Temporal Alimentar, en colegios del Atlántico.Según registros del Ministerio, Alimentar está conformada por dos empresas: la Fundación Enlace (Fundaenlace ONG), cuyo representante es Alejandro Rafael Hernández Vidal; y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica), representada por David Camacho Benítez.Además de detrimento fiscal, Se evidenció a través de registro fotográfico, heces de ratones en un lugar que previamente había sido usado para colocar canastillas con mercados".

En el contrato entregado a la Unión Temporal Alimentar, la Defensoría encontró "frutas en proceso de descomposición y almacenamiento inadecuado de los alimentos para los niños". Además, dice que las empleadas no están afiliadas al régimen contributivo ni a riesgos laborales.

El otro contratista cuestionado es la Corporación Corazón País, encargada del suministro de alimentos a colegios públicos en municipios de La Guajira.Su representante es María Jacquelín Pacheco Izquierdo, tienen contratos con las regionales del ICBF en La Guajira, Arauca, Magdalena y Cesar. Este último fue firmado en diciembre de 2014 y vale 1.600 millones.

Desde el 22 de junio, 180 pequeños estaban esperando sus raciones y pasaron 15 días sin que llegaran. "No hemos comido nada en la mañana, esperamos hasta las 12", le dijo a la Defensoría un niño indígena.