nuevo "negocio" del transito a partir de ahora todas las licencias de conduccion se vencen

Con la 'Ley Antitrámite' la vigencia de las licencias de conducción
quedó reglamentada por el tipo de servicio y la edad de la persona.
Todos los formatos que existen en la actualidad son válidos.
El pasado 10 de enero entró en vigencia el Decreto Ley 019 de 2012, que
suprimió o reguló algunos trámites y procedimientos, entre ellos, la
vigencia de las licencias de conducción.
Lo esencial de esta llamada 'Ley antitrámites' en este punto es que
amplía a diez años la vigencia de los 'pases' para los conductores de
vehículos particulares menores de 60 años; a cinco años para quienes
estén en el rango de entre 60 y 80 años; y a un año, para los mayores de 80.
Si va a sacar su licencia por primera vez exija que le den una de
categoría B1, que es la que le sirve para conducir automóviles, camperos
y camionetas de servicio particular. Muchos organismos de tránsito
expiden licencias de categoría C1, válida para manejar vehículos de
transporte público como taxis, pues ahí hay un gran negocio ya que las
licencias de servicio público se deben renovar cada 3 años para
conductores menores de 60 años y eso significa pagar más plata.
La gente cree que obtiene una licencia de mayor categoría, pero en
realidad esta es una práctica frecuente en muchos organismos para ganar
más ingresos.

descubren falso siquiatra

Camilo Herrera Triana, preso en la cárcel La Modelo, incluyó algunas
verdades y varias mentiras en el currículum con el que consiguió
trabajar durante 10 años en Medicina Legal.El falso psiquiatra podría
pagar una condena de entre 6 y 12 años de prisión.El martes, ante un
juez de control de garantías, aceptó su responsabilidad en los delitos
de fraude procesal, falsedad en documento público y privado, falso
testimonio y falsedad ideológica.El ente investigador reveló que el
falso médico, que atendió más de 1.800 casos, presentó títulos 'piratas'
que lo acreditaban como médico y psiquiatra. También tenía una tarjeta
profesional falsa.Uno de los diplomas era de la Universidad Juan N.
Corpas, según el cual Herrera se había graduado en 1989; y el otro, de
la Universidad Nacional, de 1992, como psiquiatra.El fiscal del caso
narró que Herrera sí pisó una universidad: la Nacional, entre 1988 y
1992, cuando se retiró luego de aprobar únicamente tres semestres.Frente
al fracaso académico, consiguió un año después los diplomas falsos y
empezó a trabajar en una empresa privada, y luego en la Universidad
Antonio Nariño, en la cárcel El Barne (como contratista) y, finalmente,
en Medicina Legal.
La advertencia de una empresa privada de servicios de ambulancia, lo
desenmascaró.
Usted sabe si sus compañeros de trabajo son legales?

Estafadores vendieron el 70% de la reserva natural del Tayrona

Más de 10.497 hectáreas de la Nación fueron negociadas

Sin que ninguna autoridad lo impidiera, un grupo de colonos, empresarios y familias de renombre feriaron el 70 por ciento de sus 15 mil hectáreas oficiales, y hoy la Nación tan solo tiene bajo su dominio 4.619.El hallazgo que más preocupa es que, después de la declaratoria de Parque Nacional -que prohibió la comercialización de esa tierra desde 1964- se realizaron al menos 172 compraventas que involucran 9.636 hectáreas del parque.
Según el informe, 28 personas y empresas que lograron hacerse a esos retazos del Tayrona, los hipotecaron. Esas transacciones aparecen a nombre de Agropecuaria del Norte y de miembros de las familias Chacín de Luque, Castro Rodríguez, García Gámez y Acosta Morales, entre otras. Algunas firmas comprometieron la tierra en negocios y ahora hay 30 embargos vigentes.
En este capítulo figuran Inversiones Gaviota, Urbanizadora Villa Concha, Inversora Alfa, Eduardo Dávila Armenta, José Gregorio Dávila Sánchez, Camilo Dávila Jimeno, Raúl Dávila Jimeno, Asturio Narváez y otras personas naturales.

¿Corrieron la cerca?
Las Mercedes, de Jurado Ramos & Cía. Su área era de 190 hectáreas, pero después aparecieron 500. Otro predio que se multiplicó fue Villa Concha, a nombre de Julio y Mercedes Sánchez. De 400 pasó a 1.389 hectáreas.
Funcionarios del viejo Incora y del Incoder, adjudicaron ilegalmente 329 hectáreas de parque, y varios funcionarios de curadurías urbanas de Santa Marta que aprobaron 12 licencias de construcción en predios del Tayrona a nombre de firmas como CI Tequendama, A&L Dávila S.C.A. y Mauro del Mastio.
Eduardo Dávila Armenta, por ejemplo, pagó una pena por narcotráfico y hoy está preso por supuestos nexos con 'paras' y con un crimen. Además, varios de sus predios son objeto de procesos de extinción de dominio por narcotráfico, incluido uno en el Tayrona.
La CI Tequendama S.A. -de los Dávila Abondano, involucrados en los subsidios del AIS- aparece en el proceso por el supuesto falso desplazamiento en Las Pavas (Bolívar), hoy en investigación. Y la Urbanizadora Villa Concha -vinculada a Dávila Armenta- fue noticia en el 2001 cuando impulsó un 'mico' legislativo para aprobar un puerto en el parque.
Otra de las empresas mencionadas es Arrecifes S.A., que figura aportando predios del Tayrona a otra firma. Precisamente en esos predios, cuya propiedad debe aclarar, proyectaba levantar el polémico hotel siete estrellas que el Gobierno tuvo que reversar.
Los dueños de un puñado de chalets ilegales, los desmontaron en diciembre, cuando se anunció la investigación. Pero otros preparan una ofensiva jurídica para demostrar -dicen- la legalidad de su posesión.
Varias de las empresas y personas implicadas en la ocupación irregular del Tayrona -entre ellos la familia Dávila Abondano y la familia Jurado Ramos- alegan que algunos de sus predios están por fuera de los linderos del Parque.L            Los folios y registros "amañados" que tiene en su poder la Superintendencia de Notariado -que adelantó una supuesta investigación sobre las propiedad del parque- señalan que el Tayrona mide 15 mil hectáreas. Pero la Dirección de Parques Naturales, que depende del Ministerio de Ambiente con datos menos "amañados", asegura que son 19.256. Y el Instituto Agustín Codazzi tiene cartografía con mayores dimensiones.
Para sumarle al desfalco hasta la propia alcaldia de Santa Marta a ocupado ilegalmente un cementerio, dos canteras y el relleno sanitario de la ciudad en zonas protegidas del Tayrona. El relleno está en el Parque Natural Bondigua y este forma parte de la zona de amortiguación del Tayrona, extinguida a particulares en 1969", asegura Alejandro Arias, abogado que denunció el caso ante la Fiscalía.
Pero Interaseo S.A. E.S.P., encargada del relleno, dice que está a 6 kilómetros del Tayrona y que tiene todas las "licencias" en regla. Mediante resolución 1581 de 2000, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena les dio la licencia para construir y operar el relleno y esta fue ratificada en el 2002 por el Ministerio de Ambiente".Ademas "el acuerdo" 5 de 2004 cambió su uso y autorizó el funcionamiento del relleno, para cumplir una orden de la Corte Constitucional. También negaron estar en zona de amortiguamiento y dicen que así lo confirma una sentencia del Consejo de Estado de 2010, es decir los malos somos mas (y estamos en todas las entidades).

Las maniobras que usaron para apoderarse del Tayrona son entre otras:

1. Ventas ilegales
172 compraventas que comprometen 9.636 hectareas. Realizadas después de la creación del parque.
2. Parcelación ilícita
Atraves del Incora e Incoder entregaron 329 hectáreas de parque a pesar de estar prohibido.

3. 12 licencias turbias
Atraves de curadores y excuradores urbanos de Santa Marta con 12 aprobaciones de licencias de construcción en el Tayrona. Más de una decena de hectáreas comprometidas.
4. Linderos corridos
9 casos en que los tenedores aumentaron el área de los predios en su poder. Comprometidas 4.142 hectáreas de parque y nueve empresas.
5. Hipotecas
Mil hectáreas que pertenecen a la Nación fueron hipotecadas a firmas y personas como garantía de deudas personales. Igual pasó con 1.454 hectáreas sobre las que pesan 18 embargos judiciales.
6. Aportes a firmas
1.985 hectáreas fueron entregadas a las firmas Arrecifes S.A., Ecocinto Ltda., Jurado Ramos y Cía. S. en C.S., a los Dávila Armenta y a Gustavo Pradilla Camargo, a manera de aportes de capital.
7. Vacas pastando
Autoridades aprobaron la creación de firmas de ganadería y agricultura en 1.112 hectáreas del parque. Son Sociedad Vargas y Vargas, Agropecuaria del Norte, CI La Samaria S.A. y Rafael Gandia Valero.

Sigue el Desconocimiento de la ley por parte del Ministerio de Tránsito

El director de Tránsito y Transporte del Ministerio, Jorge Carrillo, asegura que la velocidad máxima permitida es la que aparece en las señales actuales, desconociendo que aún los concesionarios de las vías no han procedido a lo ordenado en la resolución 1384 que obliga a señalizar las vías con los nuevos límites.

Carrillo se niega a cumplir la resolución 1384 para indicar que "conforme lo ordenado por la Ley 1239 de 2008, las velocidades máximas que se podrán establecer y señalizar en las carreteras nacionales, departamentales, distritales y municipales serán de 120 kph para vías en doble calzada, y de 90 kph para vías en calzada sencilla", solamente para vehículos particulares.

El funcionario no es operante no hay ninguna vía señalizada como corresponde con la ley, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) incumplió el plazo que le fijó el Ministerio y no hay ninguna sanción o medida al respecto.

Lo cierto del caso es que mientras en el Ministerio busca confundir jurídicamente para no aplicar la ley que es muy clara sobre el tema de los límites de velocidad desafiando la ley y el sector judicial colombiano.


Con la resolución 1384 del Ministerio de Transporte se fijaron plazos de seis meses para las vías concesionadas plazos vencidos el 20 de octubre y no hay sanciones , multas o destituciones.

El Ministerio, aunque emite resoluciones los consecionarios de vías las incumplen descaradamente y el ministerio lo permite y fomenta contratando estudios encaminados a confundir y sustentar su oposición a la ley, no su cumplimiento. Estudios que igualmente son malversación de fondos públicos.
En el Instituto Nacional de Vías (Invías) se están apropiando los recursos para adjudicar el estudio de velocidades. Se definió que el estudio iniciaría por la doble calzada Cali-Buga y esta doble calzada se tomaría como un piloto, permitiéndonos con ello la instalación de todas las señales de tránsito que arroje el estudio de ésta y no lo que dictamina la ley la Ley 1239 de 2008. Es decir lo que le interesa al ministerio es su propia opinión, no el cumplimiento de la ley.

MULTAS POR VELOCIDAD SON ILEGALES

El plazo para la señalización y demarcación de las vías concesionadas se venció el pasado 20 de octubre y a la fecha no se ha puesto una sola señal ni sancion por desacato a la ley.

En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior de Bogotá, dejó sin efectos las sanciones impuestas a una conductora de un vehículo particular por supuestamente violar los límites de velocidad.
El Tribunal, al fallar en favor de la señora Libia Mery Rodríguez una acción de tutela que interpuso contra el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, sede operativa de La Calera, no solo dejó sin piso esas sanciones, sino que le hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio por hacerle el quite a una Ley que está vigente hace más de dos años, y porque se está pasando por la faja lo aprobado sin una razón válida, pues las multas que se han venido imponiendo están sustentadas en un artículo de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito CNT), que dejó de existir al entrar a regir la Ley 1239 de 2008.
Al tutelar el derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal acogió la petición de la accionante, a quien le fue impuesto un comparendo por transitar a 95 kilómetros por hora en un tramo de la vía Bogotá-Tunja.
Y le ordenó el pasado 7 de octubre al Ministerio y a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, "que dentro de un término de 48 horas contadas a partir de la presente decisión, deje sin valor y efecto la sanción impuesta".
Desde que entró a regir la ley 1239, el 25 de julio de 2008 y hasta el pasado 7 de octubre, en el país han sido sancionados más de 240 mil conductores por la misma causal.
Y aunque, según explicaron expertos a Vehículos, el efecto de la decisión que tomó el Tribunal solamente beneficia a la persona que interpuso la tutela, éste podría ser el camino para que otros afectados se beneficien de la decisión, si la Corte Constitucional unifica su jurisprudencia mediante la selección de este caso y otros que existan.

Están imponiendo  multas con base en una ley que no está vigente. 



En su fallo, la Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, ratificó que la Ley 1239 que permitió aumentar los límites de velocidad está vigente. "La vigencia de las normas en principio se entiende desde el momento de su promulgación en el Diario Oficial, que para el caso en concreto de la ley 1239  ocurrió el 25 de julio de 2008 en el Diario Oficial No. 47061, sin que prevea excepción alguna a su entrada en vigencia, como pretende hacer ver la entidad accionada", en este caso el Ministerio de Transporte.

La velocidad máxima permitida es 120 kph
La Ley 1239 de 2008 modificó el artículo 107 de la ley 769,  el tribunal Superior de Bogotá señaló que, "contundente resulta que la velocidad máxima permitida en carreteras nacionales y departamentales no es otra que la de 120 kilómetros por hora, y no la inconsecuente idea del límite de 80 kph que establecía la norma modificada y por lo tanto no existente en la vida jurídica de la Nación".
Y agrega: "El hecho de que las autoridades pertinentes -Ministerio de Transporte o Gobernaciones- no hayan dado cumplimiento, a esta fecha, a su deber constitucional y legal de reglamentar el tema de los límites de velocidad, como lo ordena el artículo 2 de la ley 1239, no es razón suficiente para justificar la vigencia ultra-activa de la ley derogada su omisión ni para que la autoridad policiva asuma llenar el vacío y reviva normas a su arbitrio, facultad que no poseen, y no podrán poseer en estricto cumplimiento de los postulados de un estado Social Democrático de derecho, como el nuestro".
Más de 200 mil sancionados
La Ley 1239 fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Álvaro Uribe en julio de 2008 y permitió aumentar la velocidad máxima permitida en carreteras nacionales de 80 a 120 kilómetros por hora.
Los vehículos de servicio público de transporte de carga y  pasajeros, así como los escolares no podrán transitar a más de 80 kph por esas vías.
 Pese a lo ordenado por la nueva ley, las autoridades de tránsito se negaron a cumplirla, argumentado que no estaba reglamentada.

Por esta razón más de 200 mil conductores  han sido multados en el país desde el 25 de julio de 2008 hasta hoy.
El 2 de abril del 2009 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo de segunda y última instancia le fijó al Ministerio de Transporte un plazo de cinco meses para señalizar los nuevos límites de velocidad en el país.
El plazo se venció y nada ni sanciones ni responsables.

Y el Ministerio de Transporte expidió la resolución 1384 sigue insistiendo en violar la ley ordenando estudios que"justifiquen" su oposición al Instituto Nacional de Concesiones (Inco)  y al Instituto Nacional de Vías (Invías),  en un plazo de seis meses para las vías en concesión y de un año para las carreteras a cargo del Invías.Asi contribuyen al desastre vial del pais, ahora jurídico.



Pese al incumplimiento por parte del Estado, hoy se sigue multando a los conductores con base en un artículo que ya no existe en el Código de Tránsito. 50.705 Comparendos "ilegales" se han impuesto por 'exceder límites de velocidad' en Bogotá desde el 16 de julio de 2008 hasta el 7 de octubre de 2010. 187.906 Comparendos "ilegales" se han impuesto en vías nacionales entre el 16 de julio de 2008 y el 7 de octubre de 2010. Pais de mierda este.

Si usted tiene una multa por velocidad POR FAVOR dejenos su email para configurar un grupo de demandantes e integrarlo a la demanda: acción popular y usted recupere el dinero y aun nos paguen por perjuicios. 
Unamonos en el grupo de facebook:
https://www.facebook.com/groups/noabusostransito/
para evitar que nos sigan metiendo la mano la policia de transito y hagan lo que les de la gana

Solo el email, lo puede enviar a 1cavillegas@gmail.com

Colombia, entre los seis países con mayor desigualdad

Colombia sólo es superado en América por Brasil, Ecuador, Haití y Bolivia.

En Colombia, el Índice de Gini del ingreso per cápita del hogar, que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, es 55; empeora cuando se acerca a 100 y mejora cuando tiende a cero.

La quinta posición de Colombia en la región es compartida con Paraguay, Honduras, Panamá, Chile y Guatemala.

En Dinamarca, el país mejor ubicado en el mundo, es 27; en la región es Uruguay, con 45.

El IDH resulta de la combinación de la información sobre ingresos, educación y salud de la población y es muy sensible al indicador de desigualdad, dijo el economista jefe y coordinador del área de Pobreza, ODM y Desarrollo Humano de la dirección regional del PNUD, Luis Felipe López-Calva.

La estructura tributaria en Colombia es inequitativa, señaló César Caballero, coordinador local del informe de desarrollo humano del Pnud, porque, explicó, se basa más en el impuesto al consumo y mucho menos en el de renta, cuando debería ser lo contrario.

Colombia Pais de Borrachos

933 conductores ebrios durante el puente festivo de San Pedro 2010

Entre los afectados está el conductor de un bus intermunicipal que llevaba 35 pasajeros. El festivo dejó 18 muertos, 17 menos que en el 2009.

En el puente festivo de San Pedro y San Pablo -época en la que se celebra el mayor número de eventos folclóricos a lo largo y ancho del país, se registró una sorprendente cifra de 933 conductores ebrios en carretera 'cazados' en los controles de la Policía. Y el número de comparendos fue de 6.818.

La imprudencia llegó a tal punto que el conductor de un bus intermunicipal fue denunciado por la propia empresa en la que trabaja, cuando se negó a cumplir con la prueba de alcoholemia. El vehículo, con 35 pasajeros a bordo, quienes no sabían que estaban en manos de un borracho, fue detenido por la Policía ayer por la mañana cerca de Ibagué, cuando cubría la ruta entre esa ciudad y Bogotá.
A pesar de todo los accidentes en las carreteras, que este año fue de 38, se redujo en comparación con la misma época del año anterior, que registró 127 siniestros. El número de muertos también se redujo y paso de 35 a 18 personas muertas".
Por supuesto no faltó la super borrada del mapa por tractomula: ocurrió el lunes a las 5:30 de la madrugada cerca de Bosconia (Cesar), cuando tres ocupantes de un automóvil perdieron la vida al estrellarse el automotor con una tractomula.
Inmovilizaron más de 1.000 vehículos por diferentes causas, se impusieron 595 comparendos por pasar en curva o doble línea amarilla -la mayor causa de accidentalidad-; 452, por exceso de velocidad, superior a 120 kilómetros por hora; 340, por sobrecupo, y 876, por no presentar el pase. El festivo que acaba de pasar también arrojó una cifra histórica en materia de circulación de vehículos por todo el país, con 2 millones 600 mil automotores.


En los operativos de la Policía, que destinó a 27 mil efectivos para seguridad de las vías, fue desmantelada una banda de asaltantes, que atracaba a los viajeros en la vía entre Fresno y Mariquita (Tolima). "Eran conocidos como 'los Búhos' y obligaban a los conductores a detener los vehículos, atravesando troncos en las vías".
Todo un festin para los hp chupas.

25 años pidiendo la condena de Horacio Morales Mesa, padre violador de su propio hijo

Aunque ha sido denunciado, sigue viviendo en la misma casa con la víctima de las violaciones.

 En 1985, Luis Fernando Morales Ochoa, que tenía alrededor de 15 años, se dio cuenta de que su papá abusaba de su hermana y le contó a su mamá y a ella no le importó, le dijo que eso era normal.

Cuando completó la mayoría de edad, Luis Fernando decidió acudir a la justicia y denunciar lo que pasaba, ya que todos vivían bajo el mismo techo y los abusos seguían.
"Desde ese momento empecé una lucha constante para que mi papá no siguiera abusando de mi hermana y hasta me gané problemas con el resto de mis hermanos, al punto de que nos fuimos a las manos", relata Morales.
Mi papá ya era un alcohólico y cada vez que tomaba se descontrolaba y golpeaba a mi mamá. Yo creía que mi hermana, porque ya estaba grande, no seguía siendo víctima de abuso y el único problema en la casa era el alcoholismo, pero me equivoqué", agrega Luis Fernando.

Todo empeoró a causa de la impunidad de la justicia, cuando, a los 25 años, la hermana de Fernando quedó embarazada de su padre, quien la seguía violando, ante la mirada impávida de los miles de jueces, fiscales, sus hermanos y su madre.

Nisiquiera el testimonio de la hermana ante varios jueces y audiencias impidió que continuaran las violaciones Incluso, la Comisaría de Familia de la zona Seis de Medellín señala que "el señor Horacio Morales Mesa no se ha presentado a las audiencias, no aduce justificación alguna para la inasistencia y se entiende que acepta los cargos". También asegura que la conducta del padre "ha resultado ser totalmente destructiva de la unidad y la armonía familiar" y aun así no condenan al violador.

Ahora el padre violado papá es un señor de casi 80 años, el hermano-sobrino de Fernando, que ya tiene 30 años, debe recibir asistencia médica especial, pues nació con problemas congénitos y padece de epilepsia y de condena nada, siguen todos viviendo en la misma casa, otro caso mas del 99% de impunidad que vive Colombia.

Sistema Judicial Colombiano aliado permanente de los delincuentes

Esto ocurre permanentemente como en el caso de alias 'Pantera', señalado de ser el jefe de sicarios de la banda 'los Paisas', que fue capturado por el Ejército en esa población antioqueña.Un juez de control de garantías lo dejó en libertad, tras considerar ilegal la captura.

De 20 mil personas que hoy tienen el beneficio de la casa por cárcel, por lo menos 10 mil son de alta peligrosidad y no deberían otorgarseles este beneficio por parte de los jueces.
Por ejemplo, el pasado 2 de junio, una verbena, con papayera, pólvora y disparos al aire, sorprendió a los habitantes del barrio Manrique, en la comuna 3 de Medellín.

El festejo era en honor de Duver Jiménez Meneses, alias 'Ratón', jefe de la banda 'el Desierto' y quien 48 horas atrás había quedado libre por decisión de una juez de Rionegro que consideró ilegal su captura.

En Medellín 'el Ratón' es conocido como un temible sicario que trabaja para Maximiliano Bonilla, alias 'Valenciano', y el día de su captura, la Policía lo encontró armado con fusiles y  Pistolas. Pese a esto, él y sus hombres quedaron libres.

Mientras que la Fuerza Pública alega que las capturas se han dado después de recibir información sobre la ubicación de estos supuestos jefes de sicarios, denunciados de estar al frente de peligrosas bandas, conformadas por paras' desmovilizados que se  rearmaron, los jueces de garantías argumentan que "una llamada o un señalamiento de un informante no son suficientes para capturarlos".

La presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la  judicatura, magistrada Julia Emma Garzón, señaló que adelanta actualmente 635 investigaciones contra jueces, por soltar peligrosos delincuentes. Pero solo se queda en investigaciones sin condenados.

Igualmente las altas cortes crean comisiones especiales de magistrados pero no condenan a nadie, solo investigan. Como los casos de 'Ratón' y 'Pantera' están en manos de una comisión especial de magistrados con sede en Barranquilla, que fue creada para investigar los casos de alto impacto.

Para la Judicatura, la culpa es de los funcionarios de la Fiscalía, la Policía y el Ejercito a los cuales si se esta investigando y condenando ya que las  razones por las cuales quedaron en libertad estas personas son válidas y su mal proceder en las capturas es lo que deriva en su posterior libertad o generación de beneficios como casa por cárcel.

Maniobras Jurídicas Causan Impunidad

Maniobras Jurídicas Causan Impunidad en Caso de destitución del gobernador del Valle

video analisis noticias uno

Revocar la medida provisional que suspendió el fallo que destituyó e inhabilitó al gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, solicitó la Procuraduría a la magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, Ruth Bonilla.

La suspensión del los efectos del fallo fue tomada por la magistrada luego de admitir una tutela que presentó el gobernador Abadía, quien alegó que se violó el debido proceso en su caso.

La destitución e inhabilidad por diez años contra Abadía Campo fue ordenada por la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Maria Eugenia Carreño, y confirmada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público el pasado 25 de mayo.

Para el Ministerio Público la medida provisional adoptada por la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas carece de motivación y de fundamento jurídico, burla la función disciplinaria y la calificó como agravió al ordenamiento y la moralidad pública.

La magistrada Bonilla Vargas desconoce que el gobernador Abadía tiene a su disposición otros instrumentos judiciales para controvertir el fallo: la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede promover ante un juez contencioso administrativo, por lo tanto, El mandatario seccional no ha sufrido ningún perjuicio irremediable, señalaron voceros de la Procuraduría.

La Judicatura, afirma el comunicado expedido por el organismo de control, "(...) suple de forma inapropiada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial".

También advierte que no existe situación de urgencia que impida la gobernabilidad en el departamento del Valle, dado que el Presidente de la República designó como Gobernador encargado al doctor Víctor Manuel Salcedo, mediante Decreto 2061 del 8 de junio de 2010.

La Procuraduría también advirtió que la decisión de la Judicatura pone en riesgo el derecho fundamental de la comunidad y la ciudadanía del Valle del Cauca a elegir popularmente a su gobernador, debido a que hasta el 30 de junio de 2010 subsiste el derecho de convocar a elecciones.

"Conforme a lo anterior, el ente de control anuncia que en defensa del Estado de derecho y de la moralidad pública acudirá a todas los instrumentos jurídicos para garantizar la salvaguarda del principio de legalidad", concluye el comunicado.

Tutela suspende destitución contra Abadía

El Consejo Superior de la Judicatura, seccional Valle, recibió la petición de tutela la semana pasada y el viernes determinó suspender temporalmente la destitución proferida contra Abadía por la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público, en un procedimiento abreviado, aplicó la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos porque Abadía se reunió el 20 de febrero con el entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias, con un grupo de alcaldes del Valle, en una finca del corregimiento de Rozo, en el municipio de Palmira.

Después de notificarse de ese fallo, el equipo jurídico de Abadía acudió a la tutela en procura de respeto al debido proceso al considerar que el proceso de la Procuraduría no respetó sus derechos. Y se aplicó en forma acelerada.

Así mismo, por considerar que se trata de un fallo desproporcionado. Varias fuentes indicaron que se cuestiona que no haya sido llamado Arias ni otros testigos a presentar su versión en el trámite.

El gobernador encargado, Víctor Manuel Salcedo, nombrado la semana pasada, informó que no lo han notificado de la providencia del Consejo.