martes, 31 de mayo de 2016

Miguel Trujillo El profe a quien el pueblo de Garzón, Huila, quieren expulsar por ateo

El profe a quien el pueblo de Garzón, Huila, quieren expulsar por ateo

Miguel Trujillo tiene aterrados a los padres de familia del colegio Bolívar y al párroco porque habla en sus clases del Bing-Bang y la evolución

En Garzón, Huila, sus 43 mil habitantes sólo hablan del  profesor ateo loco que llegó a su pueblo a pervertir las mentes de los niños. Miguel Lorenzo Trujillo se integró al Instituto Bolívar en junio del 2015 a dar la clase de Religión, ética y espistemología a los cursos de noveno, décimo y once.

Empezaron a circular rumores que Trujillo adoraba al diablo. Decían que en cada clase les pedía a sus alumnos que quemaran biblias y que dejaran los crucifijos que colgaban sobre sus pechos afuera porque la presencia del hijo de Dios lo perturbaba. Por eso, cuando los estudiantes llegaban a sus casas con fotocopias de libros de Nietzsche y de Carl Sagan, preguntándose si alguna vez había existido Adán y Eva, si el universo se creó a partir de una explosión, si Cristo era el verdadero hijo de Dios, los papás no sólo no tuvieron respuestas sino que estallaron en una queja histérica.

El detonante ocurrió en la última reunión de padres de familia que convocó el colegio por las constantes quejas. Un grupo de ellos empezó a increpar al profesor. Le reprochaban no tener valores y no ir a misa cada domingo. Un hombre de verdad no sólo era capaz de formar una familia sino que tenía que temerle a Dios. Trujillo dio sus razones, los papás estaban obligados a responder los cuestionamientos de los niños cuando ellos decidieran abrir su mente. Los argumentos del profesor, lejos de calar en los padres de familia, los enfureció más.

Una vez terminó la charla Miguel se acercó a un padre de familia, le extendió la mano pero el hombre no respondió el saludo. De un momento a otro el hombre empezó a insultarlo: . "Uno trata de educar a sus hijos en la fe cristiana, formarlos, pero usted los pone a pensar maricadas. Yo no sé por qué a un hijo de puta como usted lo dejan trabajar en un colegio, yo no sé por qué llega una persona como usted al colegio" Fue tan airado el reclamo que Trujillo tuvo que ir a la inspección de policía a interponer una denuncia.

Desde el púlpito de la Iglesia Nazareth el sacerdote Jorge Quintero le echaba más sal a la herida; en su homilía señaló al profesor Trujillo con su dedo inquisidor: "Los padres de familia tienen que ser pastores y las ovejitas que Dios les ha encomendado son sus hijos y deben darse cuenta de qué se están alimentando estas ovejitas, cuál es el alimento, y si van a recibir un alimento que los contamina, que los daña, que los hiere, los lastima, hay que tener cuidado…".

El profesor Miguel Lorenzo Trujillo no quiere renunciar. Le ha puesto el pecho a la brisa y quiere pelear. Sabe que las cosas tienen que cambiar. Que un sacerdote intervenga en la manera en como él da las clases es regresar a la edad media. Habló con el obispo de Neiva y le expresó su preocupación. En el pueblo no se habla de otra cosa. En Dinámica estéreo, la única emisora de Garzón, se hacen debates públicos. La mayoría de ellos condena al profesor.

sábado, 14 de mayo de 2016

lujosas casas ilegales en cerro orientales e bogota

Para verificar el impacto ambiental de cinco predios ilegales situados en la zona de reserva de los cerros orientales de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, la alcaldía de Chapinero y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizaron un operativo en el sector El Bagazal, en el norte de la ciudad.

Unos 180 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y al menos 80 funcionarios de las demás entidades del Distrito acudieron de manera simultánea a la zona, localizada detrás del Metropolitan Club, en la calle 76 n.° 2–68 este, sector de Rosales.

Este viernes, desde las 7 de la mañana y durante más de 12 horas, ingresaron a los predios Pauche, Bambú, Arrayán, Tuno y Monterodro –que tiene hasta piscina–. El operativo, según el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, se realizó con el objetivo de "terminar de una vez por todas con los avances que se estaban desarrollando en estas construcciones ilegales".

En la zona se encontró un minicargador, dos mezcladoras, una cortadora, un canguro y una motobomba, planos y diseños sin autorizar, además de varios materiales de construcción importados y de alto costo. En Monterodro se hallaron unos 30 obreros encargados de realizar arreglos con piezas de madera. Algunos de los trabajadores que se encontraban en los predios comentaron que llegaron a trabajar al lugar por recomendación de terceros y que, incluso, algunos de ellos no llevaban más de una semana en el lugar.

Según el alcalde local de Chapinero, Hernando José Quintero Maya, el avalúo de cada uno de los predios puede estar por encima de los 5.000 millones de pesos. Además, comentó que en predios como Monterodro es la tercera vez que se pone un sello.

Por otra parte, Néstor Franco, director de la CAR, señaló que desde el año pasado se ha venido indagando sobre posibles infracciones ambientales de estas estructuras y que nunca se había logrado contar con la colaboración de los dueños para esclarecer el tema. El miércoles pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la orden judicial para realizar el operativo.

"Se están adelantando tareas de verificación de los predios para establecer el impacto ambiental, partiendo de dos premisas: la primera es que ninguna de las construcciones cuenta con licencias de urbanismo; la segunda, que no tienen los permisos ambientales que debían haberse tramitado para efecto de impactar la zona", dijo Franco.

Luego de la toma de evidencias y de medir el impacto del levantamiento de las edificaciones, los abogados y técnicos de la CAR serán los encargados de determinar el grado de la sanción, que puede implicar desde una multa para los propietarios hasta la demolición de las estructuras.

De acuerdo con Carlos Bernal, asesor de obras de la alcaldía local de Chapinero, el primer expediente por estas construcciones ilegales se presentó en el 2005.

"Este seguimiento se ha hecho de acuerdo con la Ley 810 del 2003 y según la Ley 388 de 1997, que permiten la vigilancia de las construcciones, que no tienen requisitos legales", comentó Bernal.

Impacto ambiental

"Los cerros orientales de Bogotá son una reserva forestal protectora de 14 mil hectáreas que se deben cuidar y preservar por encima de todas las consideraciones", dijo el Secretario de Ambiente.

Según el funcionario, para la construcción de tales predios se talaron distintas especies nativas de árboles, que son el pulmón de Bogotá y que convierten el CO2 en oxígeno.

Agregó que como resultado de las obras se cambió el curso de la quebrada Los Rosales, de tal modo que el agua de la misma se pierde por filtración en un cauce que no es el natural. Además, se ha removido el suelo, hecho por el cual diferentes especies animales y plantas se han visto afectadas.

"El impacto ambiental es a largo plazo. También podría afectar a las generaciones futuras", dijo Cruz.

Recuento histórico

Según la CAR, en el Bambú existen dos expedientes, uno de ellos por la tala de entre 500 y 1.000 árboles en promedio. El segundo se abrió en el 2015 por la construcción sin licencia.

En Pauche, la obra que llevaba un 30 % de adelanto, fue cerrada por la CAR en febrero. El vocero de este terreno afirmó que tiene derechos adquiridos desde 1945. El expediente de Monterodro se abrió el año pasado por la tala de unos 2.000 árboles y por construir sin permiso. Al Arrayán se le abrió expediente porque la primera vez que la CAR lo visitó, encontró que en el terreno se niveló el suelo para desviar el cauce de la quebrada Los Rosales.

Al Tuno se le abrió expediente por desviar el cauce de la quebrada.

jueves, 12 de mayo de 2016

muerte comercial a 25 empresarios colombianos

muerte comercial, la máxima pena administrativa para una persona de negocios en el país, fue estrenada hace tres años y hoy ya son 25 los empresarios que han sido sancionados con esta pena, que se aplica por haber incurrido en graves irregularidades que dejaron pérdidas para sus socios o clientes.

Además de Manuel, Miguel y Guido Nule, también fueron sancionados representantes legales de su entramado empresarial, entre ellos Alexánder Bedout Nule, de Gas Kapital, y Viviana Nule Velilla, accionista de MNV S. A.

En la lista negra también están los cerebros del descalabro de Interbolsa y el Fondo Premium. Rodrigo Jaramillo Correa, su hijo Tomás Jaramillo Botero, el empresario italiano Alessandro Corridori, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz fueron inhabilitados a 10 años; Jorge Arabia Watemberg, a 4 años, y Ruth Estella Upegui, a 2 años.

Los otrora cacaos empresariales, según la sanción, no pueden tomar créditos mercantiles, ni pueden ser gerentes de empresas, integrar juntas directivas, constituir sociedades, ni contratar obras públicas con el Estado, entre otras restricciones.

La más reciente muerte comercial se aplicó hace 15 días a cinco personas vinculadas a la Sociedad de Comercialización Internacional Exportadora Colombiana de Café S. A. –Ecocafé S. A.–, Enlace Centro de Negocios Ltda. y Comercializadora Colombiana de Excelsos S. A. C.I., Colex S. A. C. I. Ecocafé fue intervenida por captar ilegalmente cerca de 24.000 millones de pesos de 341 personas. Hasta la fecha se ha logrado recuperar 14.871 millones.

Por captar ilegalmente y desviar plata de los socios fueron sancionados Diego Fernando Manrique Cano, Diego Alejandro Arias González, Claudia María Cardona Pérez, Jairo Arango Cadavid, y Julián Fernando Gómez Arango.

El año pasado había sido sancionado David Widoga Rinzler, exrepresentante legal de la sociedad Factor Group Colombia S. A., considerada una de las empresas de corretaje de crédito y compraventa de cartera más importante del país.

Widoga, directivo de reconocidas empresas, es acusado de captación ilegal, que dejó más de 1.000 víctimas. Además se le cuestiona porque cuando se realizaba la liquidación de su empresa hubo una "inexplicable disminución de activos de la sociedad, de 24.000 millones a 2.000 millones".

Fuentes de la Supersociedades señalaron que se mantiene la lupa contra un importante número de empresarios que habrían cometido graves irregularidades, por las cuales se les podría aplicar la máxima pena administrativa.