muerte comercial a 25 empresarios colombianos

muerte comercial, la máxima pena administrativa para una persona de negocios en el país, fue estrenada hace tres años y hoy ya son 25 los empresarios que han sido sancionados con esta pena, que se aplica por haber incurrido en graves irregularidades que dejaron pérdidas para sus socios o clientes.

Además de Manuel, Miguel y Guido Nule, también fueron sancionados representantes legales de su entramado empresarial, entre ellos Alexánder Bedout Nule, de Gas Kapital, y Viviana Nule Velilla, accionista de MNV S. A.

En la lista negra también están los cerebros del descalabro de Interbolsa y el Fondo Premium. Rodrigo Jaramillo Correa, su hijo Tomás Jaramillo Botero, el empresario italiano Alessandro Corridori, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz fueron inhabilitados a 10 años; Jorge Arabia Watemberg, a 4 años, y Ruth Estella Upegui, a 2 años.

Los otrora cacaos empresariales, según la sanción, no pueden tomar créditos mercantiles, ni pueden ser gerentes de empresas, integrar juntas directivas, constituir sociedades, ni contratar obras públicas con el Estado, entre otras restricciones.

La más reciente muerte comercial se aplicó hace 15 días a cinco personas vinculadas a la Sociedad de Comercialización Internacional Exportadora Colombiana de Café S. A. –Ecocafé S. A.–, Enlace Centro de Negocios Ltda. y Comercializadora Colombiana de Excelsos S. A. C.I., Colex S. A. C. I. Ecocafé fue intervenida por captar ilegalmente cerca de 24.000 millones de pesos de 341 personas. Hasta la fecha se ha logrado recuperar 14.871 millones.

Por captar ilegalmente y desviar plata de los socios fueron sancionados Diego Fernando Manrique Cano, Diego Alejandro Arias González, Claudia María Cardona Pérez, Jairo Arango Cadavid, y Julián Fernando Gómez Arango.

El año pasado había sido sancionado David Widoga Rinzler, exrepresentante legal de la sociedad Factor Group Colombia S. A., considerada una de las empresas de corretaje de crédito y compraventa de cartera más importante del país.

Widoga, directivo de reconocidas empresas, es acusado de captación ilegal, que dejó más de 1.000 víctimas. Además se le cuestiona porque cuando se realizaba la liquidación de su empresa hubo una "inexplicable disminución de activos de la sociedad, de 24.000 millones a 2.000 millones".

Fuentes de la Supersociedades señalaron que se mantiene la lupa contra un importante número de empresarios que habrían cometido graves irregularidades, por las cuales se les podría aplicar la máxima pena administrativa.