la SIC tiene en este momento
abierta una investigación contra Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña; los ingenios
Riopaila Castilla, del Cauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La
Cabaña, Pichichí, Risaralda, Carlos Sarmiento L. & Cía. Ingenio San
Carlos, Carmelita, Central Tumaco, María Luisa; Ciamsa (Comercializadora
Internacional de Azúcares y Mieles) y Dicsa (Desarrollos Industriales y
Comerciales).
El origen del proceso que hoy tiene a los ingenios azucareros
defendiéndose de ser un cartel comenzó hace tres años, cuando un grupo
de pequeños fabricantes de bocadillo veleño de la provincia de Vélez
(Santander) se quejaron antes las autoridades por el exagerado
incremento en los precios del azúcar. Para ese entonces, mayo de 2010,
el bulto de este producto había aumentado en cinco meses en un 45 por
ciento.
Entre septiembre de 2008 y enero de 2010 en un 3,7 por ciento,
el precio del azúcar subió un 51,4 por ciento. Mientras que en 2010 el precio internacional hubiera bajado casi un 50
por ciento , el interno aumenta en un 16 por ciento. En otras
palabras, se compra azúcar a un precio cinco veces más alto que
la cotización en Nueva York y 1,8 veces por encima del precio de
Londres.
Con base en estas denuncias la Superintendencia comenzó a investigar
dos presunta conductas anticompetitivas: acuerdo entre los ingenios para
impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de
comercialización; y acuerdo –con la ayuda de Asocaña y en el marco del
Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa)– para asignar
cuotas de producción o suministro de azúcar en Colombia.
Respecto a la primera conducta, la Delegatura para la Protección de
la Competencia de la SIC tiene pruebas de que los ingenios estarían
obstruyendo ilegalmente las importaciones de azúcar al país, en especial
las provenientes de Bolivia, con el objetivo de incrementar los precios
en Colombia, todo a través de Asocaña, Dicsa (sociedad de los ingenios
para desarrollos industriales y comerciales) y Ciamsa (comercializadora
cuyos accionistas son los ingenios).
Hay correos electrónicos que prueban que a través de Dicsa y de
Ciamsa (las organizaciones conformadas por los ingenios) se estaría
coordinando una estrategia para evitar que los compradores colombianos
tuvieran acceso al azúcar de Bolivia a precios más económicos. Una de
las pruebas es un correo enviado el 26 de diciembre de 2008 por Luis
Augusto Jaramillo (representante legal de Dicsa) a Angélica Ospina
(gerente comercial de Ciamsa) y a Carlos Mira (representante legal de
Ciamsa), donde manifiesta que los compradores de azúcar colombianos –los
mayoristas– están desesperados buscando azúcar por todas partes.
“Si nosotros no tomamos decisión rápido sobre este azúcar, los
bolivianos pueden sentirse en la libertad de vendérsela a ellos y
nosotros tenemos la orden de la Junta de comprar lo que sobre en Bolivia
y cerrarle la puerta a los importadores. Los mayoristas pueden traer de
Brasil, pero les sale más costosa y esos 6.000 pesos de diferencia es
lo que queremos ganarnos en el mercado interno”. (Ver correo más abajo).
Un experto que ha estudiado el caso afirma que el negocio o la
intención de los ingenios sería comprar toda el azúcar que los
bolivianos fueran a vender en Colombia, y después revenderla en el
mercado internacional, evitando así que entrara finalmente al mercado
nacional. Si bien los ingenios perderían dinero al comprar el azúcar de
Bolivia para posteriormente sacarla al mercado internacional, esto sería
más rentable que permitir su entrada al mercado colombiano, una
cuestión que deprimiría los precios.
La hipótesis que se desprende de lo anterior es que al evitar la
entrada del azúcar boliviano a Colombia, los ingenios podrían
incrementar el precio en el mercado local, a tal punto que no solo
compensarían la pérdida por comprar azúcar boliviano y sacarlo al
mercado internacional, sino también tendrían una ganancia adicional.
En otro correo enviado por Luis Augusto Jaramillo a Carlos Mira el 10
de marzo de 2009, queda claro cómo la industria azucarera necesita y
está dispuesta a impedir que entre azúcar de Bolivia al mercado
colombiano, con el objetivo de mantener los precios altos en el mercado
local.
Existe también un correo enviado por el señor Jaramillo, en el que se
adjunta un proyecto de contrato, que contiene una cláusula en la cual
los bolivianos se obligarían a no vender azúcar en Colombia
Otra prueba que encontraron los investigadores es aún más
escandalosa. Para evitar que entrara azúcar desde Bolivia, plantean la
opción de buscar –sin ninguna justificación– que el gobierno no
permitiera la entrada del producto por Buenaventura sino solo en un
puerto de la costa atlántica, lo que por supuesto incrementaría los
precios de azúcar provenientes del extranjero. “(…) deberíamos buscar
que nos cambien a Buenaventura como único puerto de entrada de azúcar a
Colombia por uno de los puertos de la Costa, para hacer mas difícil y
mas costoso la importación de azúcar boliviano”.
La estrategia de la industria azucarera se extiende, como mínimo,
hasta 2011, donde se desplegaron mecanismos para evitar que los
industriales colombianos importaran azúcar de Costa Rica. En efecto,
Asocaña estaría impidiendo la importación de azúcar para uso industrial,
a través de diferentes estrategias.
Ahora bien, la segunda conducta por la cual se abrió la investigación
por parte de la SIC se basa en un supuesto acuerdo para no competir
entre los ingenios, y repartirse las cuotas de venta de azúcar en el
mercado colombiano. De acuerdo con esto, cada ingenio mantendría su
participación de mercado sin que su competidor le quite cuota de
mercado.
En este aspecto, la SIC –según la Resolución 5347 de 2012– tiene
pruebas de que las participaciones en el mercado de casi todos los
ingenios investigados se han mantenido prácticamente constante entre
2006 y 2010, un hecho que los estudiosos del mercado consideran inusual.
Más importante aún, la delegada para la Protección de la Competencia de
la SIC cree que, a través de Asocaña y utilizando el mecanismo del
fondo de estabilización de precios del azúcar Fepa, los ingenios
estarían intercambiando información confidencial que les permitiría
prever los precios y niveles de comercialización de azúcar futura de sus
competidores.
Las pruebas recogidas también indican que a través de Asocaña se
compartía información relacionada con los niveles exactos de ventas por
ingenio y la distribución de ventas entre el mercado interno y el
externo, una información que es considerada de carácter privado a nivel
empresarial y, por consiguiente, sensible entre competidores.
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