Así se planeó y ejecutó el robo a la salud

En el costado oriental del exclusivo parque de la 93, en el norte de Bogotá, están las oficinas de QAV Consultores, una empresa de asesorías que -según la Fiscalía General de la Nación- esconde las claves del gran saqueo de las arcas de la salud, revelado a principios de esta semana por el presidente Juan Manuel Santos.

La pequeña firma, creada en abril del 2008 con un capital de apenas 40 millones de pesos, era la estrella del pujante sector de las EPS.

Su éxito radicaba en lograr, en tiempo récord, que el Ministerio de la Protección Social aprobara millonarios pagos por servicios de salud y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y rechazados en primera instancia por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), el ente responsable de este tipo de desembolsos.

Gracias a su gestión, por ejemplo, en menos de ocho meses la EPS Coomeva recibió 6.603 millones que el Fosyga le había negado por no cumplir requisitos de ley. Y lo mismo ocurrió con otras EPS en todo el país.

Lo que no se sabía es que el éxito de QAV estaba fundamentado en un oscuro acuerdo que su gerente, Édgar Medina Millán -ex vicepresidente financiero de Medicina Prepagada Colsánitas-, selló con funcionarios del Minprotección para que le aprobaran los pagos sin mayores preguntas a cambio de jugosos sobornos.

Su principal ficha en el Ministerio era Claudia Patricia Rojas Puerta,coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimientos de Recobros, con quien tenía una relación tan estrecha que investigadores se atreven a afirmar que QAV se creó de común acuerdo con ella y con otros funcionarios implicados en el desfalco. (Me equivoqué confiando en Claudia Rojas, reconoce el ex ministro de Protección, Diego Palacio)

Hay más cómplices

Claudia Rojas tenía el poder de justificar qué se pagaba y qué no y, a la vez, le indicaba a Medina cómo repartir las comisiones, que oscilaban entre el 6 y el 10 por ciento de cada giro. En una ocasión, le pidió que le consignara el botín en la cuenta bancaria de una sobrina, menor de edad, y parte del dinero lo usó en cirugías estéticas y en un bypass gástrico.

"Si logramos este giro vamos a celebrar: por fin vamos a salir de pobres. Jajajaja", se lee en uno de los 2.000 correos electrónicos que analistas de la Dijín recuperaron tras un allanamiento a las oficinas del Ministerio hace apenas 25 días. Esos mensajes y varias interceptaciones telefónicas sirvieron de evidencia para ordenar las capturas de Rojas, de Medina, de Luis Andrés Ruiz (ex director de sistemas del Minprotección), de Héctor Durán (subgerente de cartera de Colsánitas) y de Jhon Lemus (ingeniero de sistemas).

Luisa Fernanda Bellini, ex directora general de Financiamiento,  ordenó desembolsos por 300 mil millones de pesos aprobados por Claudia Rojas. Según la Fiscalía, ya está probado que, de ese monto, 24 mil millones se giraron tras el pago de sobornos, la mayoría a través de la firma QAV.

"La Fiscalía quiere saber si Bellini fue cómplice del equipo criminal que funcionaba en esa cartera o si fue engañada por sus subalternos", dice un investigador. Lo concreto es que la ex funcionaria participó en comités que aprobaron pagos y que -en criterio de la Fiscalía- no tenían el sustento legal para hacerlo. De hecho, los investigadores dicen que la oficina de Rojas -creada temporalmente por el entonces ministro Diego Palacio para destrabar 21.000 cuentas pendientes con EPS- terminó suplantando al Fosyga. 

María de los Ángeles Pascual, asesora jurídica externa de Bellini, emitió conceptos sobre el pago de cuentas, al respecto, la Procuraduría ya encontró 75 tutelas falsas, presentadas por Saludcoop por 500 millones de pesos.

Claudia Rojas envió este correo sobre la distribución de los sobornos: "Rojas, $ 118 millones; Luis Andrés Ruiz, 45 millones; Héctor Durán, 21 millones; Édgar Isaías Medina, 15 millones, y John Carlos Lamus, 24 millones".

"Te manifiesto que no estoy de acuerdo con las nuevas condiciones porque esos recobros son del año pasado. Igual te lo voy a pagar. Dime cómo te hago llegar el sobre", le escribió Édgar Medina a Claudia Rojas.

EPS cobraron tratamientos vía tutela que nunca prestaron y reclamaron pago de medicamentos para personas que ya murieron. También cobraron dos veces el mismo servicio y alteraron fechas, sellos y firmas para justificar los reclamos, cobraron medicamentos por hasta cinco veces su precio.